Diversas son las acciones que realiza la Municipalidad de Ancud para dar cumplimiento en tiempo y forma el fallo de la Corte Suprema en relación a la extracción de los pasivos ambientales desde el sitio de disposición final de Puntra El Roble.
El cúmplase del fallo, notificado el 19 de octubre, establece que los condenados -la Municipalidad de Ancud, asimismo la Seremi de Salud de Los Lagos-, deben retirar el pasivo mental y disponerlo en un sitio de disposición final legalmente autorizado.
Es así que anterior a este cúmplase, el 30 de junio, ya no se encontraba en operaciones el sitio de disposición de la comuna de Ancud, siendo destinados los residuos sólidos domiciliarios a la ciudad de Los Ángeles.
En el intertanto, el municipio de Ancud estableció el Equipo Gestor Interno, en el que participan diversos profesionales del consistorio ancuditano, más profesionales expertos en materia de residuos sólidos domiciliarios, para buscar el camino más adecuado -tanto legal, técnico y con el menor impacto medio ambiental- para cumplir esta determinación judicial, comprendiendo que es una tarea inédita en nuestro país y casi sin ejemplos alrededor del planeta.
Jorge Ulloa, abogado y coordinador del Equipo Gestor Interno, señaló que las tareas ya se iniciaron. “Hay que realizar estudios para poder caracterizar qué es lo que se encuentra dentro de de la masa que actualmente está contenida en Puntra El Roble. Esas fueron las primeras diligencias. Se le consultó a la Autoridad Sanitaria de los Lagos y a la Seremi de Salud de Los Lagos qué necesitamos para poder realizar el retiro. Evidentemente, ellos nos dieron una lista de acciones, hay que recordar aquí que la Seremi de Salud de Los Lagos no solamente actúa como un ente fiscalizador en este proceso sino que también son condenados”.
Entre estas acciones se encuentran los oficios a diversas carteras sectoriales que tienen relación con los diversos permisos retirar los residuos en Puntra, el abogado, aclaró que “vamos a necesitar necesariamente todas las autorizaciones que la ley nos exige. Dentro de esas autorizaciones la que más nos provoca una complejidad respecto a la sentencia es, justamente, el área ambiental y es la evaluación de impacto ambiental. Ya que en primer lugar, como esto nunca se ha hecho en Chile, nunca se ha pedido que se retiren residuos desde un sitio de disposición a otro sitio de disposición”.
Y en lo más complejo está el hecho de encontrar un sitio de disposición autorizado pueda recibir los residuos, “eso es una segunda línea de acción que también estamos realizando y que ya hemos enviado consultas y también hemos pedido cuentas aquellos sitios que no nos han respondido. En definitiva, lo que podemos decir a en esa línea es que la mayoría de los sitios de disposición o las comunas a las cuales le hemos consultado, al alero de la Seremi de Salud, que nos indicó también una lista de lugares autorizados que se encuentran en funcionamiento con una autorización pertinente, la gran mayoría nos ha dicho el día de hoy que no, faltando solamente tres para que nos respondan”, señaló Uloa.
Una vez obtenida las autorizaciones, teniendo un sitio de disposición, explicó Ulloa, “nos faltaría definir algunas cosas como por ejemplo cuál es el pasivo ambiental que nos están pidiendo que retiremos. ¿Es la totalidad de los residuos? ¿Son algunos residuos?¿Sólo residuos más los lixiviados? hay varias consultas que en algún momento tenemos que definir. ¿Quién tiene que definir esto? la autoridad ambiental.En este caso, el Ministerio de Medio Ambiente o la Seremi de Medio Ambiente.
Otro tema más importante, es el costo de todo este complejo proceso. “Son todas cuestiones que en este momento, lamentablemente, no están en las manos de la Ilustre Municipalidad de Ancud como titular del proyecto y como condenado por esta sentencia; y son cosas que vamos a tener que ir dilucidando en la misma etapa de cumplimiento de la sentencia y ya, prontamente, dentro de las opciones que hemos dispuesto está informarle a la Corte Suprema, de lo que nosotros hemos estado realizando como municipio y como ente ejecutor de esta sentencia, junto a la Seremi de Salud de los Lagos”.
