La solicitud realizada por las empresas a cargo de los servicios de aseo, recolección de basura y mantención de espacios de áreas verdes, hacia la Municipalidad de Ancud con el objetivo de terminar anticipadamente sus contratos y concesiones, se ajusta a la legalidad vigente, señaló el asesor jurídico del consistorio, Jorge Ulloa.
En una reciente sesión de concejo municipal, el abogado dejó en claro a los ediles que en ningún caso la comuna quedará sin los servicios antes mencionados, en caso de que el ente colegiado llegara a aprobar dicho requerimiento hecho por las firmas, pues está considerado que sigan realizando esas labores hasta que se lleve a efecto una nueva licitación y existan nuevos concesionarios.
Se trata de las empresas Aseosal, que lleva a cabo el aseo y vigilancia de dependencias municipales; C y H Limitada, firma que está al frente del servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos domiciliarios en la comuna, y la Empresa Sociedad de Servicios Integrales Chiloé Limitada, ocupada de la mantención de áreas verdes del sector urbano y en Chacao.
«Hubo una solicitud que hicieron concesionarios de aseo y seguridad, en la cual se solicitaba manifestar la intención de poner término anticipado de común acuerdo a las concesiones, situación que se pospuso para una futura votación, ya que los concejales consideraron que no existía suficiente información como para poder tomar la decisión», recalcó el profesional.
Faculta
En este sentido, el jurista municipal aclaró que «al ser una concesión y por los montos involucrados, la ley le da esa facultad al concejo de tener que pronunciarse para poder poner término anticipado a un contrato de este naturaleza».
Junto con ello, la fuente hizo hincapié en que las razones que motivaron a las tres empresas a tomar esta determinación de concluir el vínculo contractual con la municipalidad de manera adelantada, se basa en problemas de índole económico.
«La razón principal es el abrupto cambio que ha sufrido el IPC en relación a como están concedidos estos contratos; están concedidos de manera tal que las empresas ofertan una variación que ellos van a ir agregando año a año a sus contratos laborales. Sin embargo, si es que la variación del IPC es superior a ese porcentaje ofertado que en general es del 3%, se aplica el IPC», explicó Ulloa.
Añadió el asesor jurídico que «es decir, este año ya se les agregó una sobrecarga al reajuste del 3% al 7,2%, y se proyecta para el año 2023 un 15% de variación, lo cual significa variar del 3al 15% que es un 12% más, ese es el principal fundamento de hecho que establecen las empresas».
