El despertar ciudadano que se está viviendo a nivel nacional, nos recuerda una máxima de la política: los representantes, en toda la escala de la organización del Estado, se deben a la ciudadanía, y como tal, sus esfuerzos deben estar centrados en mejorar, cada día, la calidad de vida de sus representados.
Esta máxima nos ayuda a comprender, en parte, el porqué de este estallido social. Independiente de las diferencias y afinidades políticas existentes, varios concordamos en la desconexión que ha tenido la clase política con las necesidades y demandas de la gente. A dos años de iniciado el actual gobierno, cuesta encontrar una nueva ley o política pública, con contenido social, implementada de acuerdo con las aspiraciones ciudadanas. El excesivo énfasis en el crecimiento y la seguridad – también al debe –, sin un discurso centrado en cómo alcanzar mayor equidad y justicia social, llevó a que la sociedad civil sintiera una distancia total de sus representantes, y las consecuencias están a la vista.
Sin embargo, la desconexión con la ciudadanía que se ha observado por parte del nivel central, es contrario al trabajo 24/7 que desarrollan los gobiernos locales, a través de sus alcaldes, concejales y funcionarios municipales, quienes tenemos el contacto más directo y genuino con los territorios, con las poblaciones, con las juntas de vecinos, palpando día a día las necesidades reales y concretas de la gente, y siendo testigos de las profundas injusticias que vive nuestro pueblo.
En este escenario, de abandono y vacío de representación, a los municipios les ha correspondido jugar un papel fundamental, mediante la implementación de diversas políticas públicas con un marcado énfasis social, las que en muchos casos han venido a suplir derechos que deberían estar garantizados desde hace años. Desde la provisión de agua potable en sectores rurales, la construcción de colegios para nuestros niños, la edificación de centros de atención primaria de salud, la pavimentación de calles, y un largo etcétera, dan cuenta del trabajo social centrado en las personas que se realiza cada día en beneficio directo de la comunidad.
Misma situación se observa en una parte importante de los municipios del país, donde los vecinos pueden ver a sus autoridades locales en el terreno, diseñando estrategias para utilizar, de la manera más eficiente posible, los recursos muchas veces insuficientes que han sido asignados para la gestión municipal.
En mi labor como alcalde de Ancud, y a pesar de todas las políticas que hemos podido desarrollar en beneficio de nuestros vecinos, he sido testigo, por una parte, de las múltiples necesidades y legítimas demandas que hoy tiene la comunidad, y por otra, de la desigual distribución de los recursos asignados a los municipios a lo largo del país. Hace algunos días hemos presenciado la donación de mil millones de pesos que realizó la comuna de Las Condes, liderada por Joaquín Lavín, a la comuna de La Pintana, comandada por la alcaldesa Claudia Pizarro. Sin duda, esta acción constituye un gesto loable y de mucha generosidad, no obstante, es una muestra palpable de que las iniquidades e injusticias existentes a nivel nacional, se hacen manifiestas también a nivel de los gobiernos locales ¿Cómo se puede explicar que mientras un municipio dispone de mil millones de pesos para donar, otros necesiten recursos adicionales para sobrellevar la crisis?
Esto nos lleva a plantear, en línea con lo señalado por la Asociación Chilena de Municipalidades al Presidente de la República, la necesidad urgente de una Reforma al Sistema Municipal, que nos permita disponer de mayores recursos, especialmente en aquellas comunas susceptibles de vulnerabilidades, aquellas con índices de pobreza superiores a la media nacional, aquellas que se encuentran en los extremos territoriales y que presentan dificultades de acceso, como es el caso de las comunas de la provincia de Chiloé. Es imprescindible para este alcalde, dar continuidad a las políticas ya implementadas, pero para ello es necesario acceder a recursos económicos que actualmente no tenemos, realidad inexorable que nos obliga a seguir con déficit en temas tan sensibles como las cotizaciones de los profesores ancuditanos, situación que se arrastra de gestiones pasadas y respecto de la cual he insistido de manera permanente a las autoridades nacionales. La calidad y la eficacia en nuestras políticas comunales dependen de un compromiso y medidas concretas que deben adoptarse desde el Ejecutivo y reformularse en el Congreso, con modificaciones a la actual Constitución del Estado.
¿Quién más que un chilote puede hablar de desigualdad si la vivimos todos los días en nuestra isla? Hace falta hacer un recorrido durante los últimos años para entender que las demandas en salud y educación en Chiloé no han sido ni medianamente cubiertas. El centralismo del país se hace presente en la cotidianidad, cuando vemos que el costo de vida en nuestra isla es superior al de un chileno que reside en Santiago, digámoslo claro, la pensión de un adulto mayor en Chiloé vale menos que en otras partes del país, los padres se ven obligados a dejar marchar a sus hijos desde temprana edad para poder acceder a la educación superior, con la ilusión de un futuro mejor, y las especialidades médicas deben ser resueltas en la capital regional porque en esta parte de Chile no existen médicos que las traten, lo que evidencia el abandono en que se encuentra, no tan solo nuestra comuna, sino que cientos de ellas a lo largo y ancho del país.
La lucha de hoy, es para que aquellos que han sido postergados tengan las mismas oportunidades de ser parte del Chile que viven los privilegiados, de acceder a una educación de calidad, a un sistema de salud integral, a una vivienda confortable, de tener una vejez en paz y sin preocupaciones después de haber entregado la vida al país… lo que la gente quiere, no es más ni menos, que tener el derecho a una vida digna. El despertar ciudadano que nos convoca ha estado latente en nuestra Isla desde hace años, pero hoy se está haciendo visible desde Arica a Magallanes, y será mediante la unión de cada habitante de nuestro país, que alcanzaremos la dignidad para todas y todos.
